Las Negociaciones de Uribe

No hay que ser escéptico sobre lo que está pasando en La Habana para entender las medidas desesperadas que ha tomado Santos, en el intento de vencer la profunda desconfianza de los colombianos en ese proceso. 
La primera medida fue hacer públicas esas 60 páginas llenas de lugares comunes, compromisos multimillonarios y peligrosos silencios, que si algo tienen de inocentes es porque en Colombia la ley es letra muerta. Sin embargo, lo que hay ya en esos documentos es suficiente para tirar al país por el despeñadero, pero como en nuestro medio todo es difícil de materializar es probable que nada se cumpla, aunque el peligro es latente. 
La otra medida desesperada fue la de fletar una columna de Daniel Coronell en la revista Semana, quien más que un periodista es un contratista del Estado al que el gobierno de Santos favoreció —junto a Yamid Amat y Jorge Barón— con una extensión de la concesión del Canal Uno. Así que, amor con amor se paga. Y no es una especulación: la columnista de The Wall Street Journal, Mary Anastasia O’Grady, le informó al expresidente Uribe que esperó sin éxito por más de cinco días que Santos le contestara varias preguntas hasta que el domingo 5 de octubre, en la noche, la remitieron a la columna en la que Coronell señala que Uribe intentó negociar con las Farc. 
En efecto, Álvaro Uribe siempre intentó negociar con las guerrillas, y a menudo repetía que si las Farc querían, les firmaba la paz “en cinco minutos”. Pero, como es obvio, no una paz en los términos claudicantes de Santos sino una en la que se acordaran los detalles solo de la desmovilización y la reinserción, con la generosidad que los colombianos hemos tenido con otras facciones de criminales, pero sin atropellar los criterios de verdad, justicia y reparación. Una negociación con base en unos inamovibles claramente establecidos y en el marco de la Ley de Justicia y Paz, aplicada a los paramilitares. Un acuerdo sin concesiones desmedidas, como ahora, para los terroristas. 
Ante las dudas —hay que repetirlo—, no solo de la comunidad nacional sino de la internacional, lo que el 'Juampa' ha pretendido es hacerles creer a los incautos que Uribe intentó una negociación tan laxa como la suya, y hasta peor. Un engaño cuyo fin es el de disipar la sensación de que el país se le está entregando al castrochavismo. Santos hasta se atrevió a decirle a O’Grady que todo ha sido igual a excepción de un detalle: “La única diferencia es que mi predecesor falló y yo, hasta el momento, he tenido éxito” (The Wall Street Journal, 06/10/2014). No obstante, la experimentada periodista hace notar que “Las Farc ven una diferencia”. Y agrega: “En septiembre escribieron en su sitio web que negocian con el gobierno de Santos porque este reconoce la violencia como un «conflicto armado» (esto, por supuesto les da estatus beligerante), mientras que Uribe siempre ha insistido en que no son más que terroristas”. 
No está muy claro, por cierto, a qué se refiere Santos cuando afirma que “hasta el momento” ha “tenido éxito”. La verdad, como lo comprobamos los colombianos a diario, es que la ‘guerra’ de Uribe nos trajo la paz, y la ‘paz’ de Santos nos devolvió a la guerra. El miedo retornó a los cuatro puntos cardinales del país y reina una gran incertidumbre. Muchos lo admiten sin reservas aunque muchos otros —los gremios y el sector empresarial— callan para evitar retaliaciones de un Gobierno revanchista y solapado. 
El argumento de que Uribe es inconsecuente y hasta hipócrita por oponerse a unos diálogos que supuestamente también buscó, constituye un burdo intento de demostrar que cualquier tipo de negociación es igual; se oculta que el meollo del asunto no está en el hecho de negociar sino en el cómo y en el qué. Verdadera incoherencia es pasar de criticar a Uribe por ‘guerrerista’ a reprocharle ahora el que hubiera estado abierto a un diálogo; aunque, de hecho, su consigna nunca fue la de tierra arrasada, hubo mano tendida para los que se desmovilizaron voluntariamente. 
Si de 2002 a 2013 se desmovilizaron 27.000 guerrilleros (según estadísticas del Ministerio de Defensa), ¿por qué echar a suertes el país por 8.000 que faltan? 

Por SAÚL HERNÁNDEZ BOLÍVAR

Publicado en Columnistas Nacionales 

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Exploración Minera

La exploración en búsqueda de minerales es una antigua y noble actividad, que llevó al hombre hasta los confines de los continentes. Ese emprendimiento llevó a miles de hombres a internarse en montañas, selvas, desiertos, estepas y tundras, en epopeyas que costaron muchas vidas.
La prospección minera elemental permitió la expansión de países que fomentaron esa actividad, esto sucedió en Norteamérica donde los países anglosajones se expandieron hacia el Oeste de dicho continente, otro tanto ocurrió en el Brasil, donde los garimpeiros ocuparon gradualmente media Surámerica, algo similar tuvo lugar en Siberia, los buscadores de oro y piedras preciosas expandieron el Imperio Ruso.  Los desiertos australianos fueron recorridos por miles de exploradores que descubrieron las inmensas reservas minerales de ese país.
 En la América de habla hispana la situación fue completamente diferente, la minería de México y los países andinos se limitó a explotar los yacimientos conocidos desde la conquista o antes. La vida colonial se limitó a una rutina burocrática y parroquial en la cual, las iniciativas estaban prácticamente vetadas.  Esta mentalidad continuó imponiéndose después de la independencia, mientras los garimpeiros del Brasil ocuparon medio continente y los pioneros angloparlantes en Norteamérica se expandieron por la mayor parte del territorio de México, las naciones de Hispanoamérica se sumergieron en un enredo de leyes y decretos expedidos por una burocracia mezquina y paralizante.  Hispanoamérica se encogió y fragmentó.
En Colombia hubo un corto episodio de pionerismo en el Siglo XIX en Antioquia. Una legislación minera sencilla y abierta, permitió un auge local de la explotación de metales preciosos. En medio de la modorra de la Colombia feudal de esa época, en Antioquia se formó una clase media y se iniciaron los primeros ensayos de industrialización. Posteriormente, la burocratización asfixió la exploración. Hubo ensayos desastrosos de actividad minera estatizada; como el caso de la explotación de esmeraldas. Al crear un monopolio oficial por medio del Banco de la República, el minero artesanal quedó fuera de la ley y con esto se formó una de las mafias más tenebrosas que se han presentado en Colombia.
La exploración se ha visto sepultada bajo una avalancha de trámites, papeleos, reglamentaciones absurdas y francos abusos burocráticos. Esa noble y viril tarea del pionero que buscaba metales preciosos, minerales diversos y plantas exóticas carece de sentido, cuando para que le reconozcan los derechos de sus hallazgos, debe presentar capacidad económica ¿Acaso no se dan cuenta que el prospector minero es una persona pobre que busca mejorar su situación económica explorando? Nuestros sapientes legisladores no pueden entender que la minería de oro de Antioquia favoreció la movilidad social y que esta actividad es una válvula de alivio de tensiones sociales. El hombre emprendedor y pobre perdió esa posibilidad, por lo cual no es extraño que en Colombia hayan proliferado las actividades delictivas. Quien pudiera estar buscando minerales ahora tiene que dedicarse al narcotráfico, al contrabando o  la subversión. Cuantos colombianos se hallan subsistiendo en las ciudades  con la venta de chucherías, la mendicidad, el atraco y el crimen callejero, mientras más de medio País es territorio vedado para cualquier clase de iniciativa. Más grave aún es la satanización de la actividad minera, al crearse toda una serie de tabúes ecológicos, raciales etcétera, la explotación minera la volvieron una actividad delictiva casi equiparable al narcotráfico. La gran y mediana minería de metales preciosos podrían aliviar la crisis fiscal y la pequeña minería sería la redención económica para miles de familias. Pero unas políticas gubernamentales torpes y restrictivas están llevado la extracción del oro por el triste camino que transitó la minería de las esmeraldas.   
Toda esa maraña de leyes absurdas, también ha llevado a la ilegalidad la recolección y transporte de material vegetal; si en esta época se explotaran plantas tales como la quina, esta actividad sería un delito. La actitud inquisitorial ha llegado tan lejos que hay grupos ambientalistas que pretenden que el cultivo de arroz en Casanare de estar sujeto a permiso ecológico.

 Jaime Galvis V.